Impuesto de carbono: un tributo para la sostenibilidad de la UE

Impuesto de carbono en la UE

El impuesto de carbono constituye uno de los instrumentos con los que se cuenta desde el poder político para conseguir que el planeta sea más sostenible. Esta tasa está enmarcada en un conjunto de medidas para la protección del medio ambiente que tienen que aplicarse durante los próximos años y cuyos resultados deben ser medibles.

A continuación, se da un repaso a las consecuencias que su entrada en vigor puede tener tanto para la naturaleza como para la economía.

El origen del impuesto de carbono de la UE

El impuesto de carbono de la UE es una de las políticas públicas que han de servir para que el continente combata el cambio climático de forma eficaz. De hecho, este tributo está incluido en la denominada Ley Climática Europea.

No obstante, los plazos que han de culminar en la implementación de este impuesto son relativamente largos. Se espera que la negociación sobre sus condiciones comience en 2021 y su aplicación se haga efectiva en 2023.

Por su parte, la Ley Climática Europea comprende un ambicioso paquete de medidas preparadas por la Comisión Europea. Supone un plan de actuación global, en el que van a ser invertidos 500 000 millones de euros. Con este marco legal europeo se pretende unificar las políticas de reducción de gases contaminantes (como el CO2) a la atmósfera, que son los que generan el efecto invernadero.

El objetivo principal es evitar que cada país pueda fijar sus propias limitaciones, lo que puede hacer a los gobiernos caer en la tentación de minimizar o retrasar sus compromisos.

En resumidas cuentas, el éxito de la disminución de la huella de carbono depende, en gran medida, de la coordinación que pueda llegar a establecerse mediante este impuesto.

¿En qué consiste esta tasa?

En cuanto al contenido de la legislación que fija este impuesto, hay que tener en cuenta que trata de cumplir los pactos que se alcanzaron en el conocido como Acuerdo de París.

Estos se van a centrar, por otra parte, en las actividades contaminantes más relevantes que se llevan a cabo en los países de la Unión Europea, como las que se desarrollan en los ámbitos de la industria y del trabajo.

Por lo tanto, los efectos más directos se tienen que hacer sentir en sectores como los del vidrio, el acero, el cemento, los combustibles fósiles y los fertilizantes.

Así que es importante que los países con un gran protagonismo de estas actividades industriales vayan adaptando sus infraestructuras a menores tasas de emisiones. De este modo, se irán reduciendo las tensiones asociadas a estos procesos de reconversión.

Más allá de la UE

Pero de la misma forma que los Estados de la UE van a coordinar sus políticas de reducción de la huella de carbono, también resulta fundamental para las metas globales que también lo hagan los del resto del mundo. Sobre todo, si se valora que la UE libera a la atmósfera el 9 % del dióxido de carbono del mundo, mientras que China y Estados Unidos juntos llegan al 41 %. Así que el impuesto al carbono no solo estará vigente dentro de las fronteras comunitarias.

También va a ser aplicado, como una especie de arancel, a las importaciones provenientes de los países que no tengan implantado este tributo. En consecuencia, conviene que se firmen acuerdos, en este sentido, con los estados que comercian con la Unión Europea.

Cabe señalar que esta circunstancia puede perjudicar a los países subdesarrollados y crear una nueva brecha de riqueza, por lo que será precisa una contribución gradual a sus disminuciones de tasas de CO2.

En definitiva, el impuesto de carbono debe propiciar un medio ambiente más sostenible, lo cual también ha de beneficiar a la economía.

Imagen | Pixabay

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